Documentamos 159 casos y acompañamos 90 de ellos en 9 entidades del país: negativa de acceso al aborto 73, criminalización del aborto 3, violencia obstétrica 10, muerte materna 1, violaciones de derechos en contextos de técnicas de reproducción asistida 2 y violaciones al derecho al cuidado 1. Dimos seguimiento a 245 casos de años anteriores y cerramos 105 acompañamientos integrales.
El Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Querétaro resolvió favorablemente el amparo promovido contra un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que negó a Esmeralda la interrupción del embarazo por causal salud. Accedió al servicio y, posteriormente, el Juzgado ordenó una reparación integral con la colaboración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas de Querétaro. Este caso constituye un referente en la entidad, al documentarse y visibilizar barreras estructurales que obstaculizan el acceso a servicios de aborto.
Con base en una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2024, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas dio cumplimiento a todas las medidas de reparación integral en el caso de una adolescente que, en 2021, luego de sufrir una agresión sexual, acudió a una institución de salud en Jalisco donde no recibió información sobre su derecho a interrumpir el embarazo. Las medidas de reparación integral tuvieron un impacto positivo en la vida de la adolescente al restituir su autonomía reproductiva, fortalecer su bienestar emocional y brindarle condiciones de dignidad.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó la responsabilidad patrimonial del Estado, estableciendo la obligación de indemnizar por las irregularidades cometidas en el caso de Yessica, a quien acompañamos desde 2022 por hechos constitutivos de violencia obstétrica en hospitales públicos en el Estado de México y la Ciudad de México. Esta resolución fortalece los criterios para la reparación integral a quienes vieron vulnerados sus derechos reproductivos.
A partir del precedente de la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021, la Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón propuso el no ejercicio de acción penal y, con ello, el cierre de la carpeta de investigación en contra de una joven de la Ciudad de México que en 2023 sufrió un aborto espontáneo y fue criminalizada tras acudir a una institución de salud en Magdalena Contreras.
Una adolescente de la Ciudad de México, cuyo embarazo agravaba una condición cardiológica preexistente y ponía en riesgo su salud, accedió al aborto en una institución con la especialización necesaria. En este caso se llevó a cabo una articulación efectiva entre instituciones para garantizar servicios de salud acordes con las necesidades clínicas de las personas gestantes.
Se concedieron medidas de reparación integral a Diana, una joven en Chihuahua a quien en 2022 se le negó el aborto por violación bajo el argumento de que ya había superado las 12 semanas de gestación, pese a que la legislación aplicable y la NOM-046 establecen el derecho a acceder a este servicio de salud sin límite temporal. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua exhortó al hospital que negó la atención a capacitar a su personal y garantizar el servicio de aborto en casos de violación.
Jessica, una joven con discapacidad de Chiapas, accedió a un aborto por violación en una institución de salud de esa entidad. Su caso fue atraído y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que estableció la inconstitucionalidad de restringir el aborto por violación a un límite temporal. A partir de este caso, el Congreso local eliminó del código penal dicho límite y, posteriormente, en cumplimiento de una sentencia de la SCJN, despenalizó el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Desde 2022, año en que Jessica ingresó en el registro de víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atencón a Víctimas para el Estado de Chiapas, y hasta 2025, se llevó a cabo el cumplimiento de las medidas de reparación integral.